Roggio admitió el pago de coimas en Transporte

El empresario fue admitido como «arrepentido» en la causa por las coimas al expandir la investigación de la obra pública a la concesión por el subte porteño. Dijo que pagaban como retorno el 5% de los subsidios que recibían.

Tal como se especulaba, el empresario Aldo Roggio consiguió acogerse a la figura de «arrepentido» en la megacausa por las coimas al expandir la investigación hacia el área de Transporte, donde su grupo poderoso grupo empresario también tiene participación.

Ante el juez Claudio Bonadio, Roggio detalló el mecanismo de sobornos acordado con exfuncionarios kirchneristas. Se había determinado un retorno de un 5% de los subsidios que recibía Metrovías para el funcionamiento del subte porteño. Estos desembolsos se hacían en efectivo, periódicamente y en la persona del Secretario de Transporte, detalló entre otras cuestiones, según consignó el diario La Nación, impulsor de la investigación por los «cuadernos de la corrupción».

El empresario brindó información sobre la empresa Metrovías, perteneciente a su grupo económico, y concesionaria de los subterráneos de Capital Federal.

Según el ahora «imputado colaborador», debió acceder a la exigencia de coimear al Secretario de Transporte, por su expreso pedido, a partir de una reunión mantenida en su despacho al inicio de la gestión.

Metrovías tiene la concesión del subte desde 1994 y el contrato concluyó el año pasado.

El empresario dijo a la Justicia que la concesión se desarrolló normalmente hasta la crisis de 2002, que produjo el quiebre de la ecuación económico-financiera del contrato, afectada «severamente por la devaluación de la moneda nacional y la hiperinflación desatada en ese entonces».

Entonces, siempre según el testimonio de Roggio ante el juez Bonadio, se dispuso un régimen general de renegociación de los contratos (UNIREN) afectados por los episodios mencionados, que nunca se llegó a concretar. A partir de ese momento, Metrovías convivió con la modalidad de compensación a través del régimen de subsidios, que se mantuvo durante toda la gestión kirchnerista.

Según Roggio, esta herramienta fue utilizada para mantener el esquema de subsidios que daban lugar a los pagos que se exigían, con incluso la amenaza de rescisión del contrato de no cumplir, detalló La Nación.

Roggio aseguró que vivían una situación de «rehenes». La exigencia se afrontó siempre con la rentabilidad de la empresa, luego de pagar todos los gastos relacionados con la operación segura de los servicios. Los subsidios nunca implicaron una mejora contractual ni de ingresos.

«No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia», dijo Roggio al juez. «Habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal, (70% del total) en los costos de operación del servicio», añadió. Roggio detalló que el esquema duró hasta el año 2011.