Para el juez que liberó a Cristóbal López, Macri «está mal informado»

Eduardo Farah, uno de los camaristas que decidió la liberación de los empresarios López y De Sousa, brindó una entrevista en la que criticó la posición adoptada por el Gobierno ante el fallo. «Quizás no hayan tenido tiempo de leer la resolución», indicó.

El Gobierno no ocultó su malestar con la Justicia luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña cambiara la carátula de la causa en la que están imputados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, que pasó de «apropiación indebida de tributos» a «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública». Hasta el presidente Mauricio Macri aseguró que lo indignó el fallo.

El juez Eduardo Farah, uno de los magistrados que votó a favor de la libertad de ambos, recogió el guante y salió a criticar la posición adoptada por Macri. «Creo que el Presidente estuvo mal informado. Quizás no haya tenido tiempo de leer la resolución», aseguró Farah. Y consideró que «tiene derecho a dar su opinión, aunque tendría que medirse un poco».

Consultado por el fallo que benefició a los empresarios, afirmó: «Escuché un montón de opiniones ni bien tomamos la decisión, pero no reflejan lo que dice la resolución. El fallo está bien dictado».

En tanto, sobre las declaraciones de López, que denunció que «no estuvo preso sino secuestrado», el magistrado fue tajante: «No estuvo secuestrado; estuvo detenido en virtud de una resolución judicial que fue declarada incorrecta en una instancia superior». Sin embargo, defendió al juez federal Julián Ercolini, que procesó a ambos empresarios. «Es un buen juez pero se equivocó», afirmó Farah.

En ese sentido, criticó el fallo previo que había llevado a López y De Sousa a la cárcel. «El único riesgo de entorpecimiento que había invocado el juez de primera instancia estaba equivocado», subrayó el juez en una entrevista con el programa Animales Sueltos, en América.

A su vez, Farah resaltó que ninguno de los dos podrá disponer de sus bienes, ya que están inhibidos. «No pueden comprar un medio, como así tampoco pudieron vender su empresa», afirmó y agregó: «El delito es doloso, porque tuvieron intención de no depositar el dinero y capitalizaron la plata».

Finalmente, concluyó: «Esto no le cambia nada respecto al punto de vista de las penas, la pena de defraudación contra administración pública tiene una escala penal que va de dos a seis años de prisión».

López y De Sousa estaban presos desde mediados de diciembre de 2017, acusados de haberse apropiado de $ 8.000 millones del Impuesto a la Transferencia a los Combustibles (ITC) para financiar la expansión del Grupo Indalo, el holding económico que creció de manera colosal durante los gobiernos kirchneristas.