Opositores calificaron de «inconstitucional» el decreto de Macri
Desde el peronismo hasta partidos de izquierda aseguraron que el decreto anunciado hoy por Macri se trata da «un acto de campaña». Para la izquierda, es una medida «demagógica». Por ahora, hay silencio de parte de Cristina Fernández, una de las perjudicadas.
Diputados de distintos partidos de la oposición expresaron hoy su rechazo y tildaron de «inconstitucional» el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente Mauricio Macri, para avanzar con la extinción de dominio de bienes de personas acusadas de cometer delitos graves.
«El DNU de extinción de dominio es inconstitucional, es más un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal. Por eso, lo anunciado por Mauricio Macri involucra directamente cuestiones penales», expresó el bloque de diputados nacionales del FPV-PJ a través de un comunicado.
Y agregaron: «Curiosamente, en el día que el FMI anuncia mayor contracción económica para la Argentina, el Gobierno de Cambiemos intenta tapar una nueva mala noticia con un mamarracho que viola la Constitución Nacional».
«Corrupción es también generar desigualdad, beneficiando a unos pocos y perjudicando a una mayoría, hecho que viene llevando adelante Cambiemos desde su asunción», concluyeron los diputados peronistas.
El senador Miguel Ángel Pichetto, por su parte, expresó su deseo de que la norma pase por la Cámara de Diputados.
«Habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en la Cámara de Diputados, donde Cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley», indicó.
La ex mandataria Cristina Fernández, en tanto, guarda silencio con respecto al DNU, que la perjudica, ya que la extinción de dominio podría ser utilizada en los bienes inhibidos en el marco de las causas Hotesur, Los Sauces, Obra Pública y la causa de los cuadernos de las coimas.
Una nota en diario Clarín recuerda que Cristina y sus hijos tienen inhibidas 25 propiedades. En la causa por la defraudación en la obra pública, el fiscal Gerardo Pollicita pidió que se afecten al embargo de $ 10.000 millones dichos bienes, más la participación accionaria en tres empresas, una camioneta Honda.
Por otro lado, el juez Julián Ercolini en la causa Hotesur SA (donde se investigaron maniobras de lavado de dinero), decidió intervenir los hoteles de la familia Kirchner y además, se encuentran afectados al embargo los casi U$S 6 millones que Florencia Kirchner tenían en una caja de seguridad.
No es la única intervención sobre las empresas de la familia Kirchner. Los Sauces SA, inmobiliaria hoy en manos de los hijos de la Senadora, también tiene interventores judiciales. En este caso, los departamentos que en Puerto Madero le alquilaba a Cristóbal López continúan sin poder celebrar un nuevo contrato con nuevos inquilinos. Los bienes de la inmobiliaria se encuentran inhibidos.
