En España aseguran que Puigdemont fue a pedir asilo político a Bruselas

Mientras se esperaba su aparición y cuando se anunciaba una querella por rebelión y sedición que pueden significarle 30 años de cárcel, se informó que Carles Puigdemont está en Bruselas, Bélgica.

Era la persona más buscada este lunes, tras la intervención del Gobierno en Cataluña. Sin embargo, pasado el mediodía se informó que el presidente de la Autonomía Catalana, Carles Puigdemont, no está en territorio español.

El rostro de la declaración de Independencia está en Bélgica y el rumor creciente es que pedirá asilo político. Eso luego que la Fiscalía General del Estado se querellara hoy contra él y contra los que fueran responsables de su Ejecutivo por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.

Sin embargo, desde su entorno información que la intención del viaje sería la de mantener contacto con dirigentes flamencos. Pese a que no hay información oficial, la intención sería hablar con autoridades de «Nueva Alianza de Flandes», un partido independentista en Bélgica.

El secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugirió en su cuenta de Twitter que Puigdemont podría solicitar «asilo político» en Bélgica, según reprodujo hoy el diario belga francófono Le Soir.

Una posibilidad de la que enseguida se distanció el primer ministro belga, Charles Michel, quien aseguró que el asilo para el ex presidente catalán «no está en absoluto en el orden del día de su gobierno».

Denuncias

Este lunes el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una declaración ante los medios, el Ministerio Público entiende que «con sus decisiones y actos a lo largo de los últimos dos años» los querellados «han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia» del pasado viernes.

El delito de rebelión puede suponer hasta 30 años de cárcel, el doble que el de sedición (15). El de malversación puede implicar ocho años.

Tanto Puigdemont como el resto de responsables del «Govern» catalán fueron destituidos en la madrugada del sábado por Madrid como respuesta a la resolución independentista aprobada horas antes en el Parlamento catalán. La querella de la Fiscalía se presentó ante el tribunal español de la Audiencia Nacional, competente para investigar estos delitos, ya que los denunciados perdieron su condición de aforados al «haber sido cesados de sus cargos», puntualizó Maza.

Todos ellos serán llamados a declarar ante la Justicia, tras lo cual podrían enfrentarse a la petición de medidas cautelares contra ellos «atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados».

El Parlamento catalán aprobó el viernes gracias a la mayoría independentista una resolución para proclamar una «república soberana» en Cataluña. Minutos después, el Senado español dio luz verde a un paquete de medidas acordado por el Gobierno español de Mariano Rajoy para tomar el control administrativo de la región.

El mandatario español anunció además ese mismo día de forma sorpresiva la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.

Hoy es el primer día laborable tras la entrada en vigor de las medidas, que además de la destitución del Gobierno catalán incluyen el cierre de las llamadas «embajadas» catalanas en el extranjero y el cese de otros cargos de la administración pública.

DPA / La Nación