Cataluña amenaza con un «paro» y pide mediación internacional

Tras el triunfo del «Sí» en el referéndum de secesión unilateral de Cataluña, que quedó marcado por la represión policial ordenada por el gobierno central de Madrid, el presidente catalán, Carles Puigdemont, reveló hoy sus próximas cartas, llamó a una «mediación internacional» y apoyó un «paro» convocado para mañana en la norteña región española.

La consulta secesionista de ayer y la respuesta del Estado central en su intento por impedirla profundizaron la peor crisis política que atraviesa España en los últimos 40 años, y abrieron la puerta a una mayor confrontación.

Luego de la tensa jornada de votación, en la que la Policía Nacional y la Guardia Civil reprimieron a votantes bajo el argumento de que se trataba de una actividad ilegal, tanto el gobierno del presidente Mariano Rajoy como Puigdemont recalibraron sus estrategias, según informó la agencia Télam.

El líder separatista pidió hoy «una mediación internacional» ante la violación de los derechos fundamentales y libertades de los catalanes, así como la retirada de territorio catalán de las fuerzas policiales responsables del operativo, que dejó 893 heridos, dos de ellos graves.

«El momento aconseja mediación, y la mediación requiere la presencia de un tercero, y tiene que ser un actor internacional, para que sea eficaz», afirmó Puigdemont en conferencia de prensa tras una reunión del Ejecutivo regional, que decidió crear una comisión de investigación para apoyar a las «víctimas de la represión policial» del Estado español.

Mientras el jefe separatista hacía la evaluación política del día después del polémico referéndum, al mediodía, frente a los centros de trabajo, especialmente en las instituciones públicas como los ayuntamientos, con Barcelona a la cabeza, se llevaron a cabo concentraciones en rechazo a la represión policial.

En medio del nuevo escenario, la Comisión Europea (CE) llamó hoy a dialogar a «todos los actores» en el conflicto catalán, subrayó que «la violencia nunca puede ser un instrumento en política» y destacó que el referéndum de ayer en Cataluña no fue legal según la Constitución española.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se mostró «muy perturbado por la violencia en Cataluña» y pidió a las autoridades españolas que aseguren «una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre todos los actos de violencia».

El Ejecutivo central de Rajoy no hizo autocrítica y, por el contrario, defendió sin fisuras la actuación policial.

El canciller español, Alfonso Dastis, se vio obligado a responder sobre este tema a la prensa en Roma, donde dijo que el gobierno «lamenta esa violencia» pero también «el uso político que se quiere hacer de ella», en referencia a los reclamos internacionales de Puigdemont.

El conservador Rajoy, por su parte, se reunió en el Palacio de La Moncloa, en Madrid, con el líder del opositor Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y el liberal Albert Rivera, quienes respaldan la defensa de la Constitución frente al desafío de los secesionistas, pero apuestan por caminos diferentes a la hora de abordar el actual escenario.

Mientras Sánchez censuró la represión policial y reiteró su pedido de diálogo» al gobierno central, Rivera reclamó a Rajoy que aplique el polémico artículo 155 de la Constitución, que permite «intervenir» competencias del autogobierno de Cataluña, pero «concretamente para convocar elecciones anticipadas», para evitar que Puigdemont declare la independencia de forma unilateral.

Al término de la reunión, Rivera sostuvo que esa sería, en su opinión, la manera más «limpia y democrática» para salir de este conflicto, ya que Cataluña podría «ir a unas elecciones de verdad».

«El presidente del gobierno me ha dicho que están estudiando cuáles son las vías para parar esa declaración de independencia», asegura Rivera.

En la sede central del Partido Popular (PP) de Rajoy en Madrid apareció una pintada con el lema «155 ya», junto a la palabra «traidores».

La presión está del lado de Rajoy, mientras los separatistas siguen macando la agenda y calentando la calle.

Estudiantes se concentraron hoy frente a la comisaría de la Policía Nacional en la Vía Laietana de Barcelona, para denunciar la violencia policial, mientras vecinos de la localidad costera de Calella presionaron para expulsar a los agentes policiales alojados en hoteles.

La apuesta de los independentistas es realizar mañana un «Paro de País» que incluya también a la patronal, lo que les impide hablar de una huelga general en sentido estricto porque, además, no respetaría los plazos legales de convocatoria.

Detrás de la medida está la llamada «Mesa para la Democracia», una plataforma en la que están presentes los principales sindicatos catalanes y las organizaciones más implicadas en la lucha por la secesión, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Jordi Cuixat, presidente de Òmnium, dijo hoy que la convocatoria busca «dar una respuesta cívica y unitaria pero contundente» a la violencia policial que tuvo lugar durante la jornada del referéndum.

Por su parte, los líderes de los sindicatos mayoritarios, las Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente, llamaron a la sociedad catalana a participar del «paro general», aunque de manera «pactada» con los centros de trabajo como respuesta a la «violencia» ejercida por las fuerzas de seguridad españolas.

Se da la paradoja de que los sindicatos alternativos CGT, COS y IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) ya habían convocado la semana pasada una huelga general para el martes 3, por lo que existe cobertura legal.

El gobierno catalán se suma a la medida al tiempo que prepara los próximos movimientos dentro del plan para declarar la secesión de Cataluña, tras dar por válidos los resultados del referéndum unilateral, en el que el 90% de los votantes se pronunció a favor de independizarse de España, pese a que votó un 42% del padrón electoral.