Ecuador reactivó comités desmantelados por el Gobierno tras las muertes en las cárceles
Ecuador anunció este jueves la reactivación de comités de seguridad para evaluar la situación en las cárceles, entes que habían sido desmantelados por el actual Gobierno, tras las revueltas registradas en prisiones que dejaron al menos 79 reclusos muertos y decenas de heridos.
«He dispuesto a gobernaciones activar de manera permanente Comités de Seguridad en provincias», indicó el ministro de Gobierno (Interior), Patricio Pazmiño.
La disposición para «gestionar la crisis carcelaria» apunta en especial a las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se encuentran las penitenciarias que fueron escenario de los amotinamientos, agregó el funcionario en su cuenta de Twitter.
Las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, que concentran un 70 por ciento de la población carcelaria de Ecuador, fueron escenarios de las violentas revueltas que dejaron 79 presos fallecidos.
En la prisión de Cuenca, algunos reclusos fueron decapitados y estuvieron a punto de ser incinerados, indicó la agencia de noticias AFP.
Tras el anuncio oficial de que la Policía restableció el orden, las autoridades reportaron el miércoles por la noche nuevos amotinamientos en Guayaquil y Latacunga, sin que hasta ahora reporten víctimas.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) señaló por Twitter que volvió a tomar el control luego de los recientes «incidentes».
El presidente Lenín Moreno calificó este miércoles de «barbarie» lo sucedido y expresó que en las cárceles se produjo «un exterminio entre bandas delincuenciales» que «se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional».
El candidato correísta y ganador de la primera vuelta en las últimas elecciones presidenciales, Arauz, responsabilizó ayer a Moreno por los «lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte».
El postulante recordó que, durante la presidencia de Rafael Correa, existían comités, como los que acaba de anunciar el Gobierno, que ser reunían cada semana para analizar la situación carcelaria en el país.
“Ahí intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía, inclusive había una coordinación con fuerzas municipales. Ahora todo eso ha sido desmantelado», manifestó.
También Guillermo Lasso, su rival en el balotaje del 11 de abril, prometió que un eventual Gobierno suyo reformaría el sistema penitenciario “para evitar el exceso de personas privadas de la libertad en las cárceles” y “acabar con las mafias nacionales e internacionales, que operan desde adentro” de los centros de rehabilitación social.
Amnistía Internacional reclamó este jueves que las autoridades ecuatorianas «rindan cuentas» por la muerte de los presos.
La directora para las Américas de la ONG, Erika Guevara, señaló que las autoridades «no pueden eludir sus responsabilidad atribuyendo los hechos sólo a disputas entre organizaciones delictivas».
A su juicio, esto «sólo invisibiliza la grave situación de los centros de privación de libertad».
Ecuador tiene alrededor de 60 centros penitenciarios, que registran una sobrepoblación de 30 por ciento.
